Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha que nos invita a visibilizar una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y de vulneración de los derechos humanos, que afecta de manera especialmente grave a mujeres y niñas.
Hablar de explotación sexual implica cuestionar algunas ideas profundamente arraigadas en nuestra sociedad que contribuyen a normalizar, invisibilizar o justificar esta realidad.
Uno de los principales mitos consiste en reducir la prostitución a una supuesta elección individual, simplificando una realidad compleja y desvinculando las decisiones de las condiciones sociales, económicas y de género en las que se producen. Hablar de consentimiento puede invisibilizar las relaciones de poder y las desigualdades que atraviesan la prostitución: quién tiene capacidad económica para demandar, quién ocupa mayoritariamente la posición de consumidor y quién se encuentra en una situación de oferta condicionada por la precariedad, la pobreza, la exclusión o la falta de alternativas. ¿Qué alternativas reales existen? y ¿cómo condicionan las posibilidades de elección las desigualdades?
Otro de los mitos que contribuyen a normalizar la prostitución es el denominado «mito del dinero fácil». La prostitución puede proporcionar ingresos inmediatos en contextos de necesidad económica, pero reducirla a una fuente de ingresos supone invisibilizar los costes y riesgos asociados. La exposición continuada a relaciones sexuales no deseadas, violencia, coerción, humillación, amenazas y situaciones de riesgo provoca graves consecuencias sobre la salud física y psicológica de las mujeres.
También debemos cuestionar la idea de que «con la prostitución se gana mucho dinero». La mayoría de mujeres que se encuentran en prostitución viven situaciones de precariedad económica, exclusión social, migración, discriminación y ausencia de alternativas laborales y residenciales, generando situaciones de especial vulnerabilidad.
La prostitución y la trata con fines de explotación sexual no pueden analizarse al margen de los intereses económicos que existen alrededor de este mercado. La trata con fines de explotación sexual constituye una de las actividades más lucrativas del crimen organizado transnacional. El Parlamento Europeo destaca el fuerte vínculo entre prostitución y trata con fines de explotación sexual, estimando sus beneficios en torno a los 100.000 millones de dólares anuales.
Por otro lado, el mito de que la prostitución es «un trabajo como otro cualquiera», la despolitiza y descontextualiza, reduciéndola a una relación contractual entre personas adultas aparentemente libres e ignorando las condiciones sociales, económicas y de género que pueden determinar quién entra en ella, quién demanda y quién obtiene los beneficios.
¿Qué otro trabajo implica una exposición continuada a relaciones sexuales no deseadas, violencia, coerción, humillación, miedo… y provoca ansiedad, depresión, vergüenza, culpa, traumas o la muerte?
Las situaciones de prostitución y explotación sexual deben comprenderse desde una perspectiva que tenga en cuenta la intersección de múltiples factores de desigualdad y vulnerabilidad: pobreza, exclusión social, precariedad laboral, falta de vivienda, otros tipos de violencia, discriminación, aislamiento social, las responsabilidades de cuidados. En muchos casos, además, se produce una interacción compleja entre violencia, exclusión, prostitución y adicciones. La acumulación de estas vulnerabilidades puede dificultar tanto el acceso a los recursos como la posibilidad de abandonar situaciones de explotación y construir un proyecto de vida autónomo.
Por ello, la respuesta debe ser integral: acompañamiento social, escucha, atención especializada, reducción de daños, protección de derechos y generación de alternativas reales, evitando juicios, estigmas y revictimización.
Desde ANTARIS defendemos un posicionamiento abolicionista y consideramos imprescindible abordar estas realidades desde una perspectiva de género y de derechos humanos. No estamos ante una problemática individual, sino ante una realidad atravesada por desigualdades sociales, económicas y de género.
Reclamamos el desarrollo de una legislación abolicionista de la prostitución, acompañada de recursos y financiación suficientes para garantizar procesos reales de recuperación, autonomía y construcción de alternativas.
Es imprescindible invertir en acompañamiento social, atención psicológica especializada en trauma, vivienda, formación, empleo, protección social y autonomía económica, garantizando oportunidades reales para que cada mujer pueda reconstruir un proyecto de vida digno y libre de violencia.
Este 23 de septiembre, rompamos los mitos, cuestionemos las desigualdades y denunciemos todas las formas de violencia y explotación contra las mujeres.